Medidas violentas contra el Covid-19 en Colombia

Grupos ilegales armados han puesto terror con “sus propias medidas contra el coronavirus” a los habitantes de al menos once regiones de Colombia.

Grupos conformados por disidentes de las FARC y grupos paramilitares desmovilizados actúan en zonas donde el Estado no tiene tanta presencia imponiendo terror con asesinatos y otros abusos a los civiles de esas regiones.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha reportado un informe donde indica la presencia de «numerosos grupos armados en Colombia que han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles». Ellos lo justifican como llevar un plan con «sus propias medidas en contra de la propagación del COVID-19».

El informe detalla que son «al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo». Entre estos grupos se identifican al ELN, disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Mediante panfletos y mensajes de Whatsapp, las organizaciones difunden las normas para los lugares en los que están presentes. Esto incluyendo los violentos y crueles castigos para las personas que las incumplan, toques de queda, horarios de compra y venta, restricciones a la circulación y funcionamiento de servicios. Estas son algunas de las medidas.

En uno de los panfletos firmado y distribuido por el Frente Oliver Sinisterra se lee: “Se suspende toda actividad comercial y pública (…) y persona que se encuentre fuera de su casa a partir del horario anunciado anteriormente será objetivo militar”. En la columna móvil Jaime Martínez se lee como amenaza que aquel que incumpla con la normatividad “será sometido a nuestra ley y pagará con su vida (…) Ya saben, o cumplen o se mueren”.

La HRW insta al Gobierno a tomar medidas ante esto pues “conforme a derecho internacional de los derechos humanos, tienen la obligación de proteger los derechos a la vida y la integridad física en la nación”. No obstante, la presencia de estos grupos ha hecho más inaccesible el impartimiento de justicia y la garantía de una vida digna.

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