El ejército fue encubierto por la “verdad histórica” del gobierno de EPN

Comienza el derrumbamiento de la “verdad histórica” que el gobierno de Enrique Peña Nieto creó, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014. Esto, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado la participación directa en los hechos de elementos del Ejército Mexicano, presuntamente corrompidos por el cártel Guerreros Unidos: detuvieron a numerosos jóvenes, los ingresaron a instalaciones militares para interrogarlos y después los entregaron al grupo criminal que los destazó, incineró y, finalmente, los disolvió en ácido.

La hipótesis de la FGR sobre la noche de Iguala comprobó con el caso de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuyos restos fueron localizados a 800 metros del basurero de Cocula, que la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam no es la verdad de los hechos. Debido a que se aseguró que los 43 normalistas fueron incinerados y la realidad es que entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, según las pruebas, se establece que los restos de los jóvenes fueron sepultados y esparcidos en varios lugares.

Las nuevas evidencias, con base en declaraciones ministeriales de nuevos testigos, incluidos miembros de Guerreros Unidos, indicaron también que ese cártel entregaba sobornos a mandos y miembros del Ejército para permitir el trasiego de drogas, armas y dinero en esa región de Guerrero. Por ello participaron en la desaparición de los normalistas.

En 2015 se llevó a cabo una protesta donde los padres de familia invadieron el 27 batallón de infantería en Iguala. Esto, ya que Rafael López Catarino, padre de Julio César López, aseguró que, de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

López Catarino reveló que unos conocidos suyos de la Procuraduría General de Justicia del Estado le ayudaron a investigar la trayectoria que siguió el celular de su hijo gracias al GPS. Debido al desencanto, el padre de familia se alejó del movimiento.

Detalles de la participación de militares en La Noche de Iguala, que tanto se había negado durante el gobierno de Peña Nieto, emergen en la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UE/IDMS//1017/2014 que integra el fiscal Omar Gómez Trejo. Lo anterior, ante quien uno de los testigos “de identidad reservada” aseguró que comenzó desde que los estudiantes llegaron a Iguala.

“Entre la policía municipal de Iguala y la policía estatal de Guerrero y el Ejército, junto con la Policía Federal y la Federal Ministerial, empezaron a detener a los muchachos en diferentes puntos de la ciudad”, declaró un testigo anónimo. El testigo afirmó que los estudiantes fueron detenidos en grupos, uno de los cuales fue llevado por militares armados, en vehículos oficiales, a la sede del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.

La parte que se llevó el Ejército fue a las instalaciones del 27 Batallón, tampoco se informó el número de personas que se llevaron en camionetas de ellos. “No puedo precisar quién iba al frente de los militares que se llevaron a los muchachos”, afirmó el testigo interrogado en el polémico video que acaba de ver la luz hace unos días y por el cual se solicita la extradición de Tomás Zerón. El interrogado como miembro de Guerreros Unidos, aseguró que tuvo “conocimiento de los hechos directamente, vía radio, pláticas y porque los vi”.

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