7 soldados violan a niña de 12 años en Colombia
El horrible hecho ocurrió el pasado 22 de junio en Colombia mientras ella estaba recogiendo guayabas. La menor era de la etnia indígena embera cham. Hasta este momento no ha sido devuelta a su familia.
Entre 18 y 22 años tienen los 7 reclutas que aceptaron el secuestro y violación de la menor en una vereda de Pueblo Rico en Risaralda, Colombia. Los trasladaron a la base militar de Bello en Antioquia de forma transitoria. Ya que han perdido su cargo como uniformados en activo, por lo tanto, definirán su lugar de reclusión.
La familia, comunidad de la menor y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) piden se aplique la jurisdicción indígena a los soldados. Datos de la misma organización revelan que los delitos sexuales contra mujeres de las comunidades indígenas es parte de la violencia estructural que ejercen y sufren las mujeres día a día. Durante este periodo de cuarentena se han reportado 14 mujeres asesinadas, en lo que va del año son 99.
A los exmilitares se les impondrá una cadena de 14 años por un delito de acceso carnal abusivo. El máximo que espera se les sentencie son 30, ya que el caso sigue abierto y la fiscalía desea incrementar el delito de secuestro de la menor. Esto, ya que fue sustraída de su comunidad en primera instancia.
La ONIC fue quien denunció el acto a través de un comunicado en su cuenta de Twitter. Además, son quienes custodian a la menor de edad que se encuentra sumamente afectada.
Su familia pide que les sea devuelta para realizar rituales de curación física y espiritual. También están atemorizadas por posibles represalias por parte del ejército. Piden el apoyo estatal para ser reubicados en otra comunidad.
El experto antropólogo de la organización, Pedro Juan Moreno, indica que es obligación del estado buscar la protección y una nueva vivienda a la menor y su familia. La consejera de derechos de la ONIC denuncia que han existido casos muy fuertes dentro de las comunidades indígenas. Es por ello que la organización pide que se vuelva prioridad en los procesos penales y se endurezcan las medidas en contra de los atacantes.
