Defender al gobierno
Tenemos que defender al gobierno. El gobierno puede ser lento, enredado, complicado, y en no pocas ocasiones suele ser, en el sentido más peyorativo, demasiado burocrático. En México, trabajar en el sector público, ser burócrata, es percibido por la población como sinónimo de ganar mucho dinero sin hacer nada. Pocas ocupaciones gozan de tan mala fama. Sin embargo, las funciones del gobierno que impactan en la vida diaria se encuentran por todas partes, lo mismo proveyendo que regulando el transporte público, va de las concesiones del espectro público de radiocomunicación a la distribución de leche a familias en condición de pobreza. Escuelas, hospitales, policía, así como tránsito, agua, luz, drenaje, servicios de limpieza y un largo etc. Las labores que realiza un gobierno son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad y dependerá de la calidad de los funcionarios una mayor o menor calidad en los servicios.
Hoy nos toca defender al gobierno, pero no a éste gobierno en particular, sino al gobierno, a ese que estaba antes y que permanecerá después de la actual administración. Toca defender al gobierno que da servicios directos a la sociedad, que diseña y gestiona los programas públicos, que trabaja apoyado en la investigación y especialización y que ha venido sobreviviendo a los vaivenes de la ignorancia y la soberbia de los políticos.
A pesar de las muchas críticas que se tiene sobre el gobierno, algunas justas y otras no tanto, lo cierto es que pocas veces nos detenemos a pensar qué es el gobierno, por qué es tan grande o pequeño, qué hace el gobierno más allá de lo que vemos en el día a día. Lo que denominamos gobierno es, nos señala Richard Rose en su libro El gran gobierno, la suma de organizaciones gubernamentales donde los trabajadores de las mismas, que se rigen por las leyes y demás ordenamientos legales, ejercen los recursos provenientes de los impuestos en los diferentes programas públicos. Sólo mediante el entendimiento de cada uno de sus componentes podremos evaluar la función del gobierno.
Cuando nos referimos a las organizaciones gubernamentales, estamos hablando de toda la maquinaria pública. En nuestro país existen 19 Secretarías de Estado, 2 comisiones relativas al tema energético, el Conacyt, 2 entidades sujetas a control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE) y 2 empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), así como 8 entidades no sectorizadas (Notimex, Inmujeres, etc) y 202 entidades paraestatales. Estos organismos, o dependencias como mejor se les conoce, no están en el aire ni son figurativas, ocupan espacios físicos para su funcionamiento: edificios, luz, agua, internet, escritorios, computadoras, etc.
A todo lo anterior, hay que sumarle los comúnmente llamados poderes autónomos como son el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los 6 organismos autónomos (INE, CNDH, CFCE, Ifetel, INAI, FGR) más el Inegi y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que cuentan con sus propias oficinas, estructuras y gastos administrativos.
Luego vienen los burócratas, como se les conoce en todo el mundo a las personas que laboran en el gobierno. Aunque los maestros, doctores, enfermeras, policías y miembros de las fuerzas armadas reciben su pago de nómina por parte del gobierno, tradicionalmente no se les considera como burócratas, sino se les reconoce su especialización. Anteriormente, a estos burócratas se les consideraba funcionarios públicos en el sentido de que su trabajo consistía en ejercer una función del gobierno, pero desde finales de los 90 se les empezó a denominar servidores públicos, en el entendido de que más que una función lo que realizaban era un servicio a la ciudadanía.
Cada organización o dependencia esta compuesta por un secretario o titular, jefes de unidad, directores generales, directores, subdirectores, jefes de departamento y personal de apoyo administrativo. Todos distribuidos de una forma piramidal. Es decir, las plazas más numerosas son las de menor nivel de responsabilidad y por lo tanto, de menor ingreso. A todo este universo de servidores públicos, para poder llevar a buen término sus funciones y brindar un servicio, requieren de diferentes insumos (catalogados la mayoría de ellos en el capítulo 2000 del gasto público) como equipos de oficina, computadoras, papel, fotocopiado, materiales de limpieza, teléfonos, viáticos si es que tienen que desplazarse a otro lugar de la república, etc.
Actualmente se estima que existan poco más de 1,400 millones de trabajadores en la administración pública federal, a los cuales se estima que hay que añadirles por lo menos otros 80 mil trabajadores que no son contratados con plazas de estructura del gobierno, sino mediante contratos eventuales que terminan a fin de año y quienes no gozan de prestaciones sociales. Lo anterior, dicho en otras palabras, es que el mismo gobierno que exige se acabe la subcontratación vía outsourcing en la iniciativa privada, es el que subcontrata de manera individual.
Finalmente, tenemos que los recursos obtenidos por el gobierno mediante los impuestos o créditos obtenidos (deuda pública) se gastan en diferentes rubros, adicional a lo que señalamos en párrafos anteriores. Aparte de gastar en salarios, mantenimiento de oficinas y materiales de trabajo, el dinero se destina a brindar servicios públicos, ya sea ejerciéndolos directamente, proporcionando servicios a través de particulares o entregándolos directamente a la ciudadanía. De tal forma que por ejemplo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) registra alrededor de 150 programas sociales, aunque son muchos más los programas y acciones que ejecuta directamente el gobierno.
Como podemos observar, el tamaño del gobierno guarda relación con las funciones que realiza. Michael Barzelay en Atravesando la burocracia, señala que los gobiernos van creciendo como respuesta a los problemas sociales. ¿Por qué hay que defender a todo este aparato de gobierno? Por algo muy simple, para que siga funcionando nuestra cotidianidad. A los problemas que van surgiendo es necesario que el gobierno los vaya atendiendo con nuevas formas, ya sea renovando y actualizando lo que se tiene o creando nuevas organizaciones. La presente administración se ha dedicado a desmantelar sistemáticamente la estructura existente de gobierno en aras de una malentendida austeridad republicana, sin crear nuevos mecanismos institucionales. Todo ha sido recortar y recortar sin ningún análisis, sin ninguna evaluación.
Ya David Stuckler y Sanjay Basu señalaban, en su libro Por qué la austeridad mata, los efectos perniciosos que los recortes a los programas y estructuras de gobierno tenían en las personas: aumentos de suicidios, alcoholismo, violencia y desatención en las necesidades sanitarias. “Lo que hemos aprendido es que el verdadero peligro para la salud pública no es la recesión en sí, sino la austeridad”. Sin embargo, en nuestro país la austeridad se impone a rajatabla.
En mayo del año anterior, Animal Político señalaba que por austeridad republicana, sólo en el sector salud se habían dado un 30% de despidos que en el sector público se disfrazan de “renuncias voluntarias”, mientras que a los trabajadores eventuales, a quienes se les paga por año (en lo que se clasifica como capítulo 3000), simplemente se les rescindió el contrato vigente. La diferencia es que para los trabajadores de estructura se les aparta, por así decirlo, el dinero para pagarles todo el año (capítulo 1000), mientras que para los trabajadores eventuales no hay ninguna garantía de que vuelvan a contratarlos, de que les paguen al menos lo mismo y que les respeten el contrato a fin de año. Se quedaron sin trabajo doctores, enfermeras, camilleros, paramédicos y hasta el director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
La justificación va de la austeridad republicana a la acusación (general y no comprobada) de corrupción. La crisis pandémica que vivimos nos hace ver que no defender al gobierno tiene altos costos. La falta de experiencia y la improvisación, más recortes presupuestarios es una ecuación fatal. Hoy los estamos pagando en salud y en economía, mañana será en energía, en cultura, en educación.
La administración pública federal es una escuela en sí misma. Los servidores públicos se van formando y especializando con los años. En ellos se deposita un saber acumulado que simplemente es despreciado. Un gobierno tiene muchas áreas y para algunas se requieren perfiles políticos y para otras es necesario un nivel de especialización. Sin embargo, para esta administración un gobierno de expertos es irrelevante. Por ejemplo, el propio presidente lo ha expresado de forma clara al referirse a la Comisión Federal de Competencia Económica, un órgano constitucional autónomo (artículo 28), al señalar en la conferencia de prensa del 29 de mayo que “este otro instituto… que no se ni como se llama, imagínense, si el presidente no tiene conocimiento pues es algo que no es esencial”. Bajo este rasero, si el presidente no conoce a uno de los 6 órganos autónomos, ¿cuántas de las 6 entidades no sectorizadas o de las 202 paraestatales estarán en riesgo de desaparecer? En Estados Unidos se dio el caso, relata Bob Woodward en su excelente crónica Miedo, Trump en la Casa Blanca, de que el consejero económico Gary Cohn, retirara del escritorio de Trump una carta con la que cancelaba el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur justificando que “la cogí de su mesa. No iba a dejar que la viera. Tengo que proteger el país”.
Hay que defender al gobierno conformado por estos servidores que llevan años en la administración pública, que sobreviven a los vaivenes sexenales por sus capacidades y conocimientos y quienes son los que mantienen en funcionamiento a las instituciones. El gobierno es demasiado importante para dejárselo solo a los políticos. Triste paradoja que nos toca vivir, tenemos que defender al gobierno, del gobierno.
