El combate a la desigualdad, no es comunismo
La necesidad de medir la riqueza, y por tanto la desigualdad en la sociedad mexicana, para tomar medidas en busca de reducir las diferencias ha sido objeto de debate en los últimos días. No de la mejor manera. Por un lado, la propuesta de que el INEGI se encargará de medir la riqueza de cada persona fue confusa y, en efecto, parcialmente errónea. Es probable que lo que se quiso decir es que para medir de manera precisa la desigualdad no bastan los datos de las encuestas ingreso-gasto porque subestiman el ingreso de los más ricos y no permiten distinguir las diferencias de los súper ricos (el famoso 1%) y otros sectores de la población. Es decir, los índices que miden la desigualdad, especialmente en países como México, identifican mayores diferencias cuando se utilizan datos fiscales y no sólo encuestas para su elaboración. En eso ya trabajan instituciones como el SAT y el propio INEGI. Ese detalle se aprovechó para vender la idea errónea de que lo que se quería era que personal del INEGI entrara de manera periódica a los hogares para verificar si uno había comprado una nueva televisión o cambiado los pisos. Eso no es necesario. Como resultado, se ridiculizó el debate con el argumento de que el país, si se proponía reducir la desigualdad, se encaminaría al comunismo o nos convertiríamos en Venezuela.
Lo cierto es que, desde hace rato, la desigualdad desproporcionada, que tiene que ver directamente con los altos niveles de pobreza, es un problema, no solamente para consolidar economías sólidas, sino también sociedades gobernables. Eso especialmente cuando la desigualdad se incrementó a partir de la década de los 80s, debido a factores como la caída de las tasas efectivas de los impuestos al ingreso, la posibilidad de evadir el pago de contribuciones con la operación en distintos países, el incremento de los ingresos de ejecutivos en sectores corporativos y financieros, así como la caída de la calidad de los servicios públicos, especialmente los de educación y de salud. Piketty muestra la gráfica que respalda cómo la proporción de la renta que captura el 10% más rico de la población de Estados Unidos, pasó del 35% en 1980, a capturar casi 50% del ingreso en 2020; mientras que la tasa marginal del impuesto sobre la renta era en promedio 81% entre 1932 y 1980, actualmente es de 39%. Además, cada vez es más difícil que una persona de bajos recursos pueda, por su mérito, subir su nivel de ingreso. Mientras el hijo o hija de una familia que forma parte del 10% más pobre de la población de Estados Unidos tiene solamente una probabilidad del 20% de ir a la universidad, eso sube a 90% si uno proviene de una familia del decil más alto. Es decir, es el origen familiar, no los méritos, lo que fundamentalmente determina los ingresos futuros.
Todo eso se ha reflejado en el debate electoral norteamericano en el que se identifica el triunfo de Trump y la xenofobia como resultado de la casi nula expectativa para las mayorías pobres. Se han propuesto, para reducir la desigualdad, medidas como: que los servicios de salud y de educación superior sean gratuitos y de la misma calidad para toda la población, que se limiten los ingresos de los altos ejecutivos en favor del resto de los trabajadores en las empresas, pero también mayores impuestos para los más ricos y otros nuevos en ese país, pero que existen en Europa, como los que gravan el patrimonio de las personas y las herencias. Se trata de propuestas relevantes para el caso mexicano, un país todavía más desigual y donde el 1% más rico está claramente menos gravado que en otras naciones y que, incluso, individuos de menos ingresos. Ahora, sería bueno comenzar por el principio y tomarnos el serio el cobro del impuesto predial que grava la propiedad, algo muy cercano a la riqueza de las personas, un impuesto fácil de medir y administrar. México cobra el 0.2% del PIB en predial, cuando en otros países de América Latina se obtiene más del 2% del mismo. El mejor cobro del predial también puede incluir el de gravar parte de los bienes heredados en propiedades de gran valor como traslados de dominio. Además, también podemos volver a tasar el uso de los autos, como en todo el mundo, con tasas progresivas.
Con medidas apropiadas, podemos combatir considerablemente los porcentajes de desigualdad, lo que traería consigo toda una serie de efectos positivos en los ámbitos político, económico y social.
