El Congreso de la Ciudad y la urgente Ley de Capitalidad
La Ciudad de México no sólo es la sede de los Poderes de la Unión y ciudad capital, es también el espacio político de la toma de decisiones que más impactan en todo lo largo y ancho del territorio nacional.
La centralización de la ciudad y la migración de individuos en busca de mejores oportunidades de zonas periféricas a la metrópoli conforman el trinomio de una problemática social, económica y política que tiende a generar externalidades negativas para los habitantes de la urbe. Según las pesquisas del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, las principales causas de la migración de zonas periféricas a la ciudad es la búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia, así como las disparidades de ingresos y oportunidades entre distintas regiones debido a la escasez de capital de las zonas donde provienen, lo que genera una alta demanda de los bienes y servicios que brinda la Ciudad de México, así como la falta de oportunidades en materia laboral.
Proveer de bienes y servicios básicos y necesarios a los millones de habitantes y visitantes que a diario acuden a la Ciudad requiere de una importante cantidad de gasto público en infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, protección civil, en infraestructura vial, de salud, de cultura, turística, de transporte público, en materia ambiental, etc.
La reforma política de 2016 para la ciudad capital vio nacer toda estructura legal para dotar de mecanismos jurídicos el funcionamiento actual de nuestra metrópoli, y con ello, se dio fin a toda una larga vida del Distrito Federal.
Durante un largo proceso legislativo, el Congreso de la Unión dispuso mediante una reforma constitucional al artículo 122, Apartado B, que “el Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales y la Cámara deberá destinar los recursos correspondientes a fin de apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de la República.” Estos recursos se conocen como Fondo de Capitalidad y tiene como mandato constitucional establecer reglas, mecanismos, formas de administración, tipo de gasto en el que podrá ser ejercido y los objetivos sobre el destino del Fondo de capitalidad.
Además, en el mes de febrero del año en Curso, el Congreso de la Ciudad Local, aprobó por unanimidad el Dictamen a la Iniciativa por el que se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México, dictamen que fue mandado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
Anteriormente, el gobierno federal destinaba el Fondo de Capitalidad que generó beneficios palpables para los capitalinos en Construcción de la Línea 6 del Metrobús, la adquisición de más de 200 autobuses nuevos para el Sistema de Movilidad, el mantenimiento mayor al Tren Ligero de la Ciudad de México. Además, se redujeron indicadores de Delitos de Alto Impacto, se compraron 500 patrullas con las que fue posible brindar 234,255 servicios de seguridad y vigilancia en zonas estratégicas, sin mencionar la realización de eventos socioculturales y deportivos., entre otros.
Sin embrago, dicho Fondo de Capitalidad, que por mandato constitucional le toca a la Ciudad de México, no ha sido otorgado por la Cámara de Diputados para los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020, situación que además, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum estuvo de acuerdo en no solicitar.
Durante este 2020, el mundo se vio afectado por una fuerte crisis de salud provocada por la pandemia del virus COVID-19, generando una fuerte recesión económica y con ellos el cierre de pequeños, medianos y grandes negocios. A su vez, ha generado que sean reorientados recursos que ya tenían asignados varias entidades de la administración pública al sector salud para la compra de material, teniendo que ajustar sus presupuestos y personal.
Sin duda la asignación de este recurso hubiera ayudado de manera importante a subsanar parte de los gastos para atender la crisis de salud que se vive por el COVID-19 y, a su vez, hubiera amortiguado y disminuido la reasignación de gasto que se ha tenido que hacer por parte de diversas entidades de la administración pública hacia el sector salud.
