El presupuesto, el congreso, el presidente y la emergencia
El Presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa para otorgarle al Ejecutivo facultades de modificar el presupuesto de la federación en casos de emergencia. El Ejecutivo mexicano posee amplias facultades para modificar en el ejercicio las partidas presupuestales. Es una facultad que de hecho ha ejercido, así se puede constatar en las cuentas públicas y en las auditorias de desempeño del tema ingreso-gasto. En algún año del sexenio pasado, más de 30% del gasto programable del gobierno federal, no federalizado, pasó, durante el ejercicio, por un solo ramo, el 23. Esto, para ser redistribuido a distintos fines no considerados por los diputados durante su aprobación. Por ejemplo, una sola partida, la 33701, seguridad pública y nacional, recibió asignaciones adicionales cada año de más de 20,000 millones de pesos, cuando además no se conoce desglose alguno del gasto de la misma. Bajo la legislación actual, el Ejecutivo hacía uso el sexenio pasado de excedentes de ingreso, remanentes del Banxico, aprovechamientos de activos y subejercicios para transferir dinero a estados, a fondos de pensiones, a gastos en seguridad pública y a obras de infraestructura que excedían el presupuesto programado. Los análisis de la auditoria superior dan cuenta puntual de esta práctica y advierten de los excesos, pero no cuestionan la legalidad de dicha capacidad del Poder Ejecutivo Federal en México.
El Congreso Mexicano, en particular la Cámara de Diputados, tiene amplios poderes presupuestales al momento de la aprobación del decreto. A diferencia de otros países, no hay restricciones en su modificación, no tiene que seguir una regla de déficit o no tocar programas de gasto programable que sean prioridad del Ejecutivo. Esos poderes, parcialmente, los pierde durante el ejercicio del gasto, aunque existen obligaciones muy precisas de reportes trimestrales de cómo se gasta. En general, como se pueden ver en las calificaciones internacionales de transparencia presupuestaria, el nivel de detalle, periodicidad y agregación de datos de los documentos presupuestales en México es bueno. En realidad, del seguimiento del mismo uno puede conocer toda la información relevante sobre los asignados, modificado y gastado. El Legislativo recupera los poderes presupuestales cuando analiza, con el auxilio de su órgano técnico, la Auditoría Superior la Cuenta Pública. En general, la calidad de la auditoría y las relevancias de los hallazgos es adecuada, el problema es la limitada capacidad de ese órgano de fiscalizar todo el gasto.
La propuesta de López Obrador no pretende ampliar los poderes de modificación presupuestal que ya tiene, sino regularlo en el caso de una emergencia. En el dictamen de dicha iniciativa se establecen condiciones para que esto se pueda decretar, como una caída imprevista en el crecimiento económico mayor a un punto porcentual con base a estimaciones y datos de El Banco de México y de INEGI. En casos de que la reasignación sea mayor al 5%, los diputados opinarían sobre la reasignación, y mayor a 10%, la tendrían que aprobar. Actualmente, en cualquier caso, el ejecutivo informa al congreso cuando se presenta una caída de ingresos de más de 3% o una reasignación de más de 5% a una dependencia. La propuesta no significa una abdicación de los poderes, es una manera de regular la relación entre quien aprueba el gasto y quien lo ejerce cuando sucede una emergencia. Es por eso por lo que pienso que la reacción en su contra, más bien, responde a discusiones que se dan en otros ámbitos, a la agenda de los opositores del gobierno y la de los que no están de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno de reactivación económica. En realidad, el gobierno, semana a semana, anuncia medidas por parte de varias dependencias de la administración pública, del IMSS y del Infonavit, a la que se suman las del Banco de México y la de los privados. Seguramente serán más, se seguirá privilegiando a la población de menores recursos y se tendrá que valorar el efecto de los apoyos con respecto a la capacidad fiscal del país. Es decir, estamos frente a un gobierno que quiere un mejor marco legal para actuar en la emergencia, nada más que eso.
