La farsa presupuestaria

La necesidad de obtener mayores recursos a fin destinarlos a los nuevos programas, aunado a un discurso de austeridad y una fantasía de que el ahorro de reducir los salarios de la “alta burocracia” sería enorme, condujo a que el gobierne venga emprendiendo una serie de medidas y disposiciones legales para hacerse de recursos, asunto perfectamente válido si no fuera por el hecho de que todo termina en una tremenda farsa presupuestaria, en una ópera bufa.

Sin salirse del guion establecido, el presidente anunciaba que su gobierno sería el de la austeridad republicana. Con la finalidad de hacer obligatoria la reducción de salarios, se aprobó en noviembre de 2018 la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El presidente había anunciado que iba a reducirse el salario a un determinado monto, que como todo cálculo del presente gobierno, se hizo sin explicar por qué esa cantidad y no más o menos, sin ninguna comparación con puestos similares, etc. A partir de la base del salario del presiente se establecía que nadie en el gobierno podría ganar más que él.

El problema es que pretendía, con una ley federal de aplicación para la administración pública federal, que los demás poderes y organismos autónomos hicieran lo mismo. La tónica se repite, se presentan y aprueban leyes a la ligera, orientadas más por los discursos del presidente que por la seriedad y congruencia de los ordenamientos legales. No es de sorprender que no pasaran ni 6 meses de la publicación de la ley de remuneraciones, cuando el propio Congreso de la Unión ya le había hecho modificaciones y 2 meses después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado la inconstitucionalidad de algunas partes de dicha ley.

Más allá del discurso político, la intención era conseguir fondos para poder destinarlos a los nuevos programas sociales. Entre la reducción de salarios y el despido de 8 mil servidores públicos, señalaba el presidente en su primer informe de gobierno que se habían logrado ahorros por 3,800 millones de pesos (mdp). Nada mal, pero sin diferenciar cuántos por reducción de salarios ni cuantos por despido. Dice Richard Rose en su obra El gran gobierno, que “los empleados públicos son quienes le aportan la carne a los desnudos huesos del gobierno”, y pues parece que vamos a quedarnos en los huesos.

En noviembre de 2019 se publica la Ley Federal de Austeridad Republicana que no es más que la expresión legal de las políticas ya implementadas de austeridad en materia de gasto y servicios personales. Dicha ley federal repetía el error de pretender imponer normas a los organismos autónomos y a los otros poderes de la Federación, lo cual es un sinsentido jurídico. Un rápido vistazo nos señala que es una farsa.

La conocida como Ley de Austeridad no es más que una suma de enunciados de buena voluntad y de obviedades. Por ejemplo, señala que queda prohibida la duplicidad de funciones (prohibición ya existente); se prohíbe la compra de vehículos de lujo, salvo que se justifique (y todo se puede justificar); o “no se realizarán gastos de oficina innecesarios” sin especificar qué se va a entender como “innecesario”; también, “prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil”.

Mayoritariamente, esta Ley señala una serie de normas y lineamientos que ya estaban plasmados en otros ordenamientos legales, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero con un toque personal al señalar que está “prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad”, lo cual es de sentido común, nadie debe ir a ningún trabajo en estado de ebriedad. En términos generales, es una ley que se pierde en lo mundano pero que sirve para señalar una guía ideológica o moral en palabras del presidente. Estrictamente, como los preceptos ya se habían aplicado, el impacto de la ley en cuanto a ahorros fue prácticamente nulo.

Con la crisis pandémica, la política presidencial no ha sabido reaccionar con prontitud para presentar un plan que aminore el impacto económico, ni mucho menos que se tengan recursos para tal fin, más allá de señalar que se tiene un “ahorradito” (todos los recursos deben tener destino, por lo que hablar de ahorros millonarios en los primero tres meses del año, cuando ni siquiera el dinero empieza a fluir, es mala administración o mala información). Apenas hace una semana se publicó un Decreto para mayor austeridad.

Como es sabido, la crisis económica que ya nos atrapa se origina por el cierre de la actividad económica para contener al COVID-19, pero el Decreto señala como causante de la crisis económica a la “crisis mundial del modelo neoliberal” y a partir de ahí podemos entender que no estamos frente a un documento serio, sino ante otro panfleto ideológico disfrazado de decreto. Otra farsa.

Señala el decreto que se reducirá el salario de “forma voluntaria” a los servidores públicos (de subdirector para arriba) hasta en un 25%, contraviniendo a la Ley de Remuneraciones que dice que “todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función”, aunque claro, disfrazado de donación voluntaria. Esto nos lleva al hecho de que se vuelve a abusar y explotar a los servidores públicos. El gobierno autodenominado de izquierda y con orientación social se está apropiando, diría Carlos Marx, de la plusvalía de sus empleados. Vaya ironía. La pregunta es: ¿Cuál puede ser la motivación de la gente para esforzarse en un trabajo donde en vez de subirte el sueldo te lo reducen a la mitad o menos? ¿Cuál es la certeza de que el año siguiente no te vuelvan a bajar el salario? ¿Qué estabilidad económica o emocional se puede tener? Sólo el miedo al desempleo los mantendrá en la administración pública.

Los desfiguros del decreto no acaban ahí. Se dice que se cancelarán 10 subsecretarías, sin decidir todavía cuáles (otra vez, la ocurrencia en vez del diagnóstico) pero que mantendrán rango y sueldos (entonces cuál va a ser el impacto). El presidente señala que se obtendrán “ahorros” por 3 mil mdp, lo cual nos deja ver la consistencia del discurso y de los montos, porque en la campaña presidencial de 2006, cuando proponía reducir los salarios de la burocracia, señalaba que los ahorros serían de 3 mil mdp.

El decreto también señala que no se ejercerá el 75% del presupuesto de servicios generales, materiales y suministros, lo cual es una barbaridad porque si se aplicara a la letra, sería como decir ya no vamos a pagar renta, luz, internet, agua, telefonía, servicios de impresión, etc. ¿Cómo piensa funcionar la administración pública federal? Como discurso de campaña está bien, hacer una propuesta así desde el gobierno, es hasta irresponsable.

Que el Decreto es una proclama y no un instrumento legal, lo podemos averiguar si revisamos los programas prioritarios del gobierno que mantendrán su gasto normal. Primera observación, si modifican su presupuesto, luego entonces no son programas extraordinarios para la crisis económica, sino que son programas normales. Luego, además de que no hay programas nuevos para la crisis, tampoco hay programas en funcionamiento de sexenios anteriores, como si no importaran. Por ejemplo, es prioritario la construcción de 100 universidades públicas, pero no es prioritario el ya establecido programa de escuelas de tiempo completo. O señalar como prioridad el mantenimiento de carreteras pero no el de puertos marítimos. ¿Con base en qué se hicieron las prioridades? Evidentemente con la ideología, porque no existe la figura legal de proyecto prioritario, no se define por qué se le considerará así, porqué unos sí y otros no los son, vaya, ni siquiera hacen referencia o justifican los programas prioritarios con el Plan Nacional de Desarrollo. Más que un instrumento legal, parece la versión estenográfica de una conferencia del presidente.

La indefinición anterior la constatamos con los pre criterios de política económica 2021, donde existe un anexo que habla de los programas prioritarios del gobierno. En 2020 se consideraron 86 programas prioritarios, pero el PEF solo asignó recursos a 78 por un monto de más de 611 mil mdp. El Decreto de austeridad 2.0, por así llamarle, reporta que con las medidas de austeridad se blindarán los proyectos prioritarios con más de 622 mil mdp, con la particularidad de que no habla de los 78 proyectos del presupuesto de egresos, sino de los 38 proyectos enlistados en dicho Decreto. Es decir 40 proyecto prioritarios menos y 11 mil mdp más. El monto que reporta el decreto 2.0 es sospechosamente coincidente los recursos asignados por el presupuesto de egresos. Para terminar la confusión, los precriterios 2021 nuevamente modifican el número de programas prioritarios y ahora se proponen 81. La pregunta es, otra vez, ¿con base en qué se hicieron los cambios? ¿Por qué tantas modificaciones de un año a otro?

Para acabar la farsa, el ejecutivo propuso una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria donde se plantea que ante una situación de emergencia económica (¿Por qué solo la económica?) la Secretaría de Hacienda reoriente recursos a los proyectos prioritarios del gobierno de manera unilateral. De por sí, la misma ley de presupuesto le da un amplio poder a la Secretaría de Hacienda en materia de poder mover presupuesto, con la propuesta excluiría por completo al poder legislativo de la discusión de un nuevo presupuesto. En todos los países, el ejecutivo está proponiendo los planes de emergencia y los congresos los están discutiendo y aprobando. ¿Por qué en México se quiere hacer diferente?

Para terminar, la propuesta de reforma incluye un artículo transitorio que eliminaría los recursos del Fondo Metropolitano (donde confluyen para su ejercicio secretarías de Estado y gobiernos estatales y locales) para destinarlos a programas de créditos. Dicho fondo tiene asignados 3,300 mdp, mientras que programas nuevos o que apenas están iniciando no son tocados, como por ejemplo, el controvertido tren maya 2,500 mdp, o programas menos famosos como internet para todos con 48.6 mdp, o el espacio cultural Los Pinos y Bosque de Chapultepec con 1,600 mdp.

En otras palabras, las propuestas y las medidas son las mismas de carácter ideológico, no hay propuestas nuevas, todo es una farsa presupuestaria. Dicen los ganadores del premio Nobel de Economía Abhijit Baherjee y Esther Duflo en Repensar la pobreza, que los programas de gobierno fracasan cuando se basan en las tres íes: se hacen por inercia, se diseñan con ignorancia y se inspiran en la ideología de que “el poder del pueblo es bueno”.

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