La inseguridad no conoce el aislamiento social
El lunes 20 de abril se reportó como el día más violento del año con 114 homicidios. Esta nota pasó un poco desapercibida por la natural razón de que el tema del COVID-19 ha acaparado toda la atención pública: desde el seguimiento a la evolución de enfermos y decesos, las críticas por el tema del aislamiento social, las despreciables actitudes de quienes agreden a personal de los servicios de salud, hasta aquellos que buscan explicaciones científicas o dan seguimiento a las teorías conspirativas. El segundo gran tema es consecuencia del primero, la crisis económica que se nos viene, donde la magnitud de esta es el tema de discusión. ¿Cómo se van a salvar empleos? ¿Qué va a pasar con quienes los pierdan? ¿Es correcta o suficiente la respuesta del gobierno?
Inmersos en esta realidad, hemos perdido de vista la otra epidemia que se ha instalado desde hace muchos años entre nosotros, la violencia. A pesar de que el ritmo de las actividades económicas y sociales han disminuido, la violencia parece ser inmune a los cambios sucedidos y se mantiene con los mismos porcentajes. Los números en materia de seguridad apuntan a un aumento en cuanto a delitos y la percepción de la gente va en el mismo sentido.
El presidente insiste en hacer ocasionales llamados a los delincuentes (critica prácticamente a diario a periodistas que opinen en contra de su gobierno) para que de forma voluntaria dejen de cometer delitos. Si bien no se trata de combatir la violencia con más violencia, como lo señalara Martin Luther King en su discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz: “la respuesta al más trascendental de los dilemas políticos y morales de nuestra era: (es) la imperiosa necesidad de que los hombres venzan la opresión y la violencia sin pagar a cambio con la misma moneda”, lo cierto es que los mensajes del presidente (menos elegantes, más coloquiales) tampoco han tenido éxito. El más reciente de ellos fue un “bájenle, bájenle y piensen en sus familias, en ustedes mismos” que surtirá el mismo efecto que los anteriores mensajes, nada.
Para entender si realmente vamos bien o no en materia de seguridad, podemos ver la evolución de los delitos apoyados en los datos que proporciona el propio gobierno a través de dos instancias. La primera es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que tiene dentro de sus funciones llevar el registro de presuntos delitos cometidos y denunciados ante las autoridades, el denominado índice delictivo. Los responsables en primera instancia de este registro son procuradurías estatales de justicia y una vez terminado el mes, envían la información al SESNSP para su compilación y publicación durante el mes siguiente. Por ejemplo, las cifras de homicidios son las más consistentes debido a que todas las muertes se registran de manera obligatoria. De hecho, cuando se comparan datos a nivel global sobre violencia, el indicador más usado es el de homicidios en virtud de que es práctica común de los países registrar las muertes naturales o violentas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también lleva un registro de los homicidios con base en los servicios médicos forenses y oficinas del registro civil con un mayor desfase de tiempo, pero podemos decir que más preciso. También, existe un reporte diario de homicidios dolosos, resultado de un grupo interdisciplinario conformado por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional, de Marina y por la Fiscalía General de la República. Igualmente en el mismo reporte diario se presentan cifras de homicidios reportados en medios de comunicación. Sobra decir que las cifras difícilmente coinciden.
También se da el caso de que existen reportes de delitos registrados que no son coincidentes con los delitos cometidos. Esto se da cuando, por ejemplo, una persona sufre el robo de celular y cartera o monedero en la calle o en el transporte público y no lo denuncia ante el ministerio público, entonces para fines de registro dicho delito no se contabiliza. Las razones para no levantar denuncia se basan por lo general en la tardanza para que se levante el reporte oficial y en la falta de resultados por parte de las autoridades. Se considera una pérdida de tiempo y sin consecuencias de que atrapen a los ladrones. Esta falta de coincidencia se le llama cifra negra.
Para tatar de acercarse a los delitos que realmente se cometen, se llevan a cabo diferentes encuestas por parte del Inegi: la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) que se lleva a cabo de manera trimestral en 70 ciudades, donde con cifras de 2016 se cometen el 66.8% de los delitos; y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que se levanta de manera anualizada y los resultados se publican en septiembre.
Entonces, tenemos varias herramientas para medir los resultados en materia de seguridad, tanto en la parte de delitos cometidos, como una estadística de los delitos que se comenten con base en la percepción de la ciudadanía. Para ilustrar el por qué, señalo que la epidemia de la violencia no para. Veamos la siguiente información, comparando los datos más recientes con los reportados el último mes o trimestre del gobierno anterior.
El índice delictivo reportado por el SESNSP señala que el total de delitos registrados en noviembre de 2018 ascendió a 160 mil, mientras que en enero de 2020 fueron 165 mil y para marzo el reporte señala que fueron casi 169 los delitos. Un aumento del 5% entre 2019 y 2020. En el mismo periodo, los homicidios aumentaron un 7%, para pasar de 3,647 en noviembre de 2018, a la suma de 3,565 en enero de 2020 y terminar con 3,938 en marzo de 2020. Más dramático es el aumento de los delitos contra la familia, en noviembre de 2018 se registraron 15,587 delitos de este tipo, para enero de 2020 ascendieron a 18910, mientras que marzo de 2020 ya contando los primeros 10 días del aislamiento social, la cifra crece a 23,264, lo que significa que entre noviembre de 2018 y marzo de 2020 el aumento de delitos fue del rango del 49%.
La percepción ciudadana va en el mismo sentido, como se puede ver en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana en su reporte del primer trimestre de 2020. Dicha encuesta señala que en diciembre 2018 el porcentaje de personas que se sentía insegura era del 73.7%, mientras que en marzo 2020 es de 73.4%, prácticamente se tiene la misma percepción que en 2018. La misma encuesta apunta que las ciudades con menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza en Nuevo León con 24% y Mérida con 24.8%, mientras que la peor percepción la tienen Uruapan, Michoacán con 94.1% y Ecatepec, Estado de México, con 94.4%, cifras de terror absoluto. No es de extrañar que en diciembre de 2018 el porcentaje de personas que consideraban que la delincuencia iba a estar igual de mal o peor era de 48.4% para registrar en marzo de 2020 un aumento al 66.5%.
Como podemos ver, la situación en torno a la inseguridad no ha mejorado, y puede que no mejore mucho con todo y el aislamiento social. Lo más preocupante es que el gobierno federal, al igual que al inicio de la crisis pandémica por el COVID-19, no atina qué hacer y trata de mandar señales de optimismo con discursos que francamente no tienen relación con la realidad, o quizá es cierto aquella cantaleta de que tienen otros datos. Por ejemplo, en el Informe/Plan Emergente que diera el presidente a principios de mes señaló que en el primer trimestre los homicidios han disminuido un 0.3%, cuando las cifras oficiales del SESNSP (https://drive.google.com/file/d/1Gdic4NTnr34zpdKCLuhcp_8MPDwSn69S/view) como hemos visto, señalan que ha sido todo lo contrario, los homicidios se han incrementado.
Detrás de esta, llamémosla de manera educada, discordancia, se encuentra una estrategia de comunicación política de señalar que todo va bien y generar la percepción de mejora, aunque la realidad sea otra. El presidente incluso llegó a señalar públicamente en el diciembre pasado que había gobernadores que asistían poco o nunca a las reuniones diarias de seguridad pública a nivel estatal (réplica de las que se hacen a nivel federal), acusando que mientras él ha asistido a todas, hay gobernadores que no han ido a ninguna. El problema es que no hay ninguna relación entre las reuniones y la disminución de la delincuencia. Por ejemplo, el gobernador de Guanajuato ha asistido a una sola reunión y los homicidios están a la alza, mientras que el gobernador de Querétaro nunca ha asistido a una sola reunión, y los índices delictivos registraban una baja; el gobernador de Baja California es quién más ha asistido a estas reuniones con 36, al tiempo que el estado tenía la segunda tasa más alta de crecimiento de homicidio, por su parte, el gobernador de Yucatán asistió a 34 reuniones y el estado tiene la tasa de homicidios más baja del país. Total, no hay ninguna relación entre reuniones y baja en la criminalidad.
Esto refleja el hecho de que al presidente, más que los números y las buenas estrategias, le importa comunicar que vamos bien, aunque se tenga que torcer la realidad. Acusó a los gobernadores por no hacer lo que él realiza sin detenerse analizar si eso que llama estrategia (reunirse diario por las mañanas) tiene un impacto positivo. El presidente se mantiene firme en que la estrategia de seguridad se basa en atender las causas que originan la violencia (lo que debería llevar a la implementación de programas de prevención del delito focalizados y esperar ver resultados en el mediano y largo plazo) y en no permitir la corrupción y la impunidad. La simpleza de la presunta estrategia no tiene relación con la realidad. La percepción ciudadana y los datos reflejan que la inseguridad no para ni en momentos de aislamiento social. ¿Hasta cuándo durará el discurso de que vamos bien?
