Recursos inexistentes para un plan inexistente
Cuando el Nobel de Economía Paul Krugman publicó en 2012 su libro ¡Detengamos esta crisis ya!, planteaba una serie de propuestas con el fin de reactivar la economía global y en especial la de Estados Unidos. El principal problema con el que se encontró es que las políticas implementadas habían dejado de lado el conocimiento acumulado de años de estudio de crisis pasadas y se había optado en su lugar por “prejuicios ideológicos y políticamente convenientes”. En momentos de crisis es cuando el gobierno tiene que optar por gastar más.
Para gastar más se tienen algunas opciones que se han aplicado en diferentes momentos: una es aumentar los ingresos vía los impuestos, otra es bajar las tasas de interés del banco central, otra es contraer deuda o la reducción del aparato gubernamental y reorientación del gasto público. Evidentemente, lo ideal sería una mezcla de las alternativas para no recargarse demasiado en una sola, sin embargo, casi nunca es posible.
La más difícil de aplicar es aumentar los impuestos. A nadie le gusta que el gobierno le aumente las tributaciones. Los ricos los rechazan porque no quieren pagar más por servicios que no utilizan, las clases medias porque eso supondría ajustar los gastos y proyecciones y los pobres porque sencillamente no pueden.
Las tasas de interés bancarias serían en teoría la más fácil de realizar. Si bajan las tasas de interés, el dinero se vuelve más barato y habría, en teoría, un incremento en la demanda de créditos. Esto atraería capitales extranjeros y estimularía la recuperación económica. Sin embargo, las tasas de interés son establecidas por los bancos centrales independientes (Banco de México en nuestro caso) y se relacionan a una serie de variables nacionales e internacionales y escenarios a futuro que influyen en la determinación de las tasas. En los últimos 30 días hemos visto que los bancos centrales en el mundo han venido reduciendo sus tasas de interés: la Reserva Federal de los Estados Unidos la bajó a un rango entre 0 y 0.15%; el Banco Central Europeo ha decidido reducirla a 0%: el Banco de Canadá la redujo al 0-25%, el Banco de Inglaterra la bajó al 0.1%; finalmente México también la ha reducido en casi 1 punto porcentual en lo que va del año para estar en estos momentos al 6.50%.
Las políticas neoliberales surgieron como una respuesta a la desastrosa política económica de los 70, principalmente en los países de América Latina, que combinada con una caída en los precios del petróleo, llevaron a inflaciones de dos o tres dígitos, devaluaciones constantes de la moneda con respecto al dólar y una inmanejable deuda externa. Para poder acceder a recursos y mercados para sobrevivir se tuvieron que implementar en los 80 las llamadas políticas de ajuste, encabezadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial consistentes básicamente en promover la austeridad del gobierno mediante reducir el déficit fiscal mediante la disminución del gasto social y del aparato público (como lo señalaba Michel Crozier en su texto Estado modesto, Estado moderno), privatización de empresas del gobierno (hay un excelente libro que refleja las ideas de la época, de E.V, Savas, Privatización, la clave para un gobierno mejor), liberalización del comercio y desregularización para la inversión extranjera principalmente.
Una vez realizada la liberación del comercio, desregularización de la inversión extranjera y la privatización de empresas públicas, como es el caso de México, queda la promoción de las políticas de austeridad que tienen dos componentes. La primera es la equivalente a lo que hacen las empresas en época de crisis, proceden a despedir a sus trabajadores. Lo mismo ocurre con el gobierno. Cuando se habla de aplicar ajustes de austeridad significa reducir el costo de la plantilla laboral. Si bien el gobierno obtiene esos recursos, el costo humano es enorme porque implica mandar a la gente al desempleo.
De la mano de lo anterior, queda la reorientación del gasto público, que es hasta cierto punto sencillo, sólo es necesario realizar algunos cambios de política económica para que con el mismo dinero se hagan otras cosas. La cuestión aquí es a quién le quitas el dinero y a quién se lo vas a dar. Se debe considerar que los recortes o las cancelaciones a programas en marcha afectan acciones o personas. Supongamos que se decide cancelar un programa de rehabilitación de carreteras que ya había iniciado. En ese momento tendremos una obra a medias y seguramente pasarán años para que se termine. A cambio de lo anterior, el dinero se destinaría a lo que se considera que es más importante o más urgente. La reorientación del gasto público es dejar de gastar en una cosa para gastarlo en otra. Podemos decir que la reorientación del gasto es una actividad constante del gobierno, que por desgracia tiene más de carga ideológica, que por una evaluación de la eficacia de los programas. Después de todo, al final no es dinero adicional, sino el mismo recurso. Pero aún, Keynes apuntaba que las políticas de austeridad son buenas en las épocas de auge, no en las depresiones económicas.
Por último, queda el incremento de la deuda, ya sea interna o externa. La ventaja es que obtienen recursos de manera inmediata y adicional, por lo que podrían contribuir de manera específica a los nuevos programas sin afectar los ya existes ni despedir gente. Solicitar créditos cuando la economía esté en crecimiento suele ser una mala idea si los recursos no se ocupan para crear infraestructura de largo plazo (algo que por ejemplo no entendieron ni Calderón ni Peña Nieto). El problema no es la deuda, sino en qué se va a aplicar. Si por ejemplo, no es lo mismo si la gente tiene una deuda de 10 mil pesos mensuales por gastos de ocio (vacaciones, fiestas, etc) que tenerla por estar pagando un departamento. Un gobierno puede contratar deuda a 20, 30 años, para estimular la economía al momento y preocuparse porque el pago de intereses no sea elevado ni haga inmanejable la deuda (como pasó en los años 70-80).
Ahora bien, el pasado domingo el presidente presentó el denominado Plan Emergente para el Bienestar y el Empleo, con el que se busca reactivar la economía y sacarla de la crisis que ya se vive. Anunció una serie de recursos y metas a cumplir con el fin de dar respuesta a la crisis económica pero no eran más que una descripción de lo que se ha venido haciendo. Más allá de los buenos deseos de crear 2 millones de empleos de aquí a diciembre (se anunció de manera oficial que en los 30 días pasados se perdieron alrededor de 340 mil empleos formales, cifra similar a los empleos creados en todo 2019), la receta a seguir, señala coincidiendo con Krugman, es aumentar la inversión pública y otorgar más créditos. Si el plan es dar más recursos inexistentes, luego entonces el plan es inexistente.
¿Cuáles serían las opciones para acceder a mayores recursos? Lo primero que queda claro en lo expuesto por el presidente es que dicho dinero no vendrá de contraer deuda pública, para de esta manera mantener el equilibrio en las finanzas públicas. Es decir, se opta por una política claramente neoliberal, donde se mantendrá el objetivo establecido (no siempre logrado) desde los años 80 de que los egresos del gobierno no deban ser mayores a los ingresos. Una política económica de la cual estaría orgullosa Margaret Thatcher.
Sin embargo, hay una pequeña trampa. Con todo y la llegada de López Obrador y sus constantes menciones a que su gobierno no contraería mayor deuda, resulta que para 2019 solicitó financiamiento (deuda) por 485,345 millones de pesos. Si consideramos que en 2018, el último año de Peña Nieto, se solicitaron en la Ley de Ingresos recursos financiados por 470,533 millones de pesos, tenemos que el nuevo gobierno pidió deuda por un monto superior en aproximadamente 15 mil millones de pesos adicionales a la deuda de 2019, lo que equivalían al presupuesto para ese año de la Procuraduría General de la República. Para 2020 se solicitó una deuda de casi 50 mil millones de pesos adicionales con respecto a 2019, para llegar a un monto total de 532,266 millones de pesos. Con esa cantidad se cubre el gasto conjunto de las Secretarías de Educación Pública, Salud, Seguridad y Proyección Ciudadana y del Conacyt. Una cosa es el discurso de no más deuda y otra la realidad.
La otra parte sería reorientar el gasto público, de preferencia con aquellas acciones que tengan menor impacto en lo inmediato. Eso indica la teoría, sin embargo, el presidente ha sido claro, ningún nuevo proyecto se toca ni se le reduce el presupuesto. Es más, para que no existan dudas se emitió un decreto para que las actividades industriales relacionadas con las obras emblemáticas del gobierno (refinería, tren maya, aeropuerto) se consideren como actividades esenciales y eviten detener las obras.
Sólo queda la austeridad, que recordemos es una política neoliberal y este gobierno antineoliberal la ha proclamado como guía. El argumento para impulsar la austeridad republicana se basaba en 3 componentes: uno era cancelar los gastos superfluos (comidas, autos o celulares); otro era bajar los salarios por considerarlos demasiado altos, en comparación con lo que ganaba, por ejemplo, un obrero; el último es que se habían creado demasiadas plazas y había que adelgazar la administración pública.
El año pasado se hizo una reducción de gastos, plazas y salarios haciendo tabla rasa, sin distinciones. Evidentemente es más fácil, e injusto en muchos casos, aplicar una política de manera general y sin distinciones. Ya después se verá cómo se arregla lo que empiece a dejar de funcionar. La Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a un reportaje de La Jornada (4/09/2019), reconocía el despido de unos 8 mil servidores públicos más la finalización de contratos por honorarios de otras 5 mil personas. Sólo la Secretaría de Salud reportó que habían eliminado las plazas de 1,104 trabajadores.
Es difícil saber con certeza cuánta gente dejó de laborar en la burocracia porque este gobierno ha sido igualito a los anteriores en este tema, no liquida a las personas sino que las forza a que presenten su renuncia de manera obligatoria. Como sucede con el registro de delitos, la cifra negra que corresponde a la realidad es mucho más alta que la reportada por las autoridades.
El único dinero adicional garantizado saldrá de los propios trabajadores del gobierno. Pese a que ya se habían reducido los salarios el año pasado, el presidente nuevamente ha dispuesto que se reduzcan aún más este año, y de paso se les cancele el aguinaldo con el fin de hacerse de más recursos. Es decir, dispone de las plazas y de lo que va a ganar el servidor público como si fueran de su propiedad, como si fueran trabajadores de su rancho. Sólo falta que les diga que les va a pagar en la tienda de raya.
Concluyendo, no habrá aumento de impuestos, no se impulsará un crecimiento del déficit, no se recurrirá a deuda externa (más preciso y recordando a un clásico de la política mexicana, lo que quiere decir el presidente es que no se va a contraer más deuda de la que ya se tenía prevista), se está exprimiendo al máximo la política de austeridad y no habrá reorientación del gasto público. Recursos inexistentes para un plan inexistente.
