Sesión virtual ilegal en el congreso capitalino: la aprobación de programas sociales clientelares

El 24 de marzo del presente año, el Senado de la República envió al Congreso de la Ciudad de México la Minuta por la que se reforma el artículo 4 de la Constitución bajo el cometido de elevar a rango constitucional el acceso a programas sociales. Así, el Gobierno, vía diversas instituciones de la administración pública, estará obligado a garantizar sí o sí la entrega de apoyos económicos en transferencia directa a la población que tenga discapacidad permanente, a las personas mayores de 68 años, becas para las y los estudiantes en condición de pobreza, así como brindar servicios de salud a quienes no tienen seguridad social.

De entrada, elevar a rango constitucional para garantizar el acceso a programas sociales es imposible al ser una situación de carácter público, no hay señales ni mecanismos que permitan transparentar y asignar recursos escasos. Además, para el gobierno es imposible hacerse con la información y gestión necesaria para generar un contenido coordinador a sus mandatos y cubrir a toda la población objetivo que requiera de la ayuda, por ello es que se tiene que recurrir a la estadística y a la econometría, aunque siempre tendrán un sesgo a considerar. Además, algunas técnicas de análisis para seleccionar beneficiarios producen errores de exclusión, en especial en prejuicio de familias pequeñas, por lo que se tiene que contar con un método eficaz de no exclusión.

La entrega del programa social tiene que tener un enfoque multidimensional que contemple como principales características ser general: para no excluir y para facilitar la entrega, sostenibilidad; ser replicable; y no menos importante, que no sea en especie, sino transferencia monetaria directa; debe de contar además, con buenas técnicas de focalización, ya que se existen precedentes, sobre todo en el programa de Progresa-Oportunidades, cálculos de errores de exclusión del 24%, es decir que al año 2002 el 24% de hogares urbanos pobres no participaban en el programa, de igual forma se encontraron que 22% de hogares que participaban en el programa no eran pobres acreedores al programa y otros tantos se incorporaron por error en los módulos de inscripción. Lo único rescatable de dicha propuesta es que parte de la ayuda será por transferencia monetaria directa (esa que propuso el malvado neoliberal de Milton Friedman), la cual debería de estar condicionada a la toma de otros servicios públicos y que se adapte al ciclo de vida de las personas para evitar dependencia a largo plazo del programa.

Al margen de estas y otras características operativas e institucionales del programa, para hacer reformas a la constitución el proceso legislativo es amplio: tiene que aprobarse la reforma en la Cámara de origen, en la colegisladora y en 17 Congresos Locales; de manera que la Minuta procedente del Senado de la República llegó al Congreso capitalino. Pero al no haber actividades por la crisis sanitaria del COVID-19, la Mesa Directiva se inventó una sesión virtual, es decir, sesionó cada diputado desde su casa, lo cual es totalmente ilegal, ya que la normativa del Congreso es precisa al señalar que la determinación de sesionar en una sede alterna corresponde a las dos terceras partes de las y los diputados, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, por lo que la convocatoria que hizo la Presidencia de la mesa directiva para la sesión virtual del 3 de abril de 2020 resultó ilegal.

Todos los diputados del PAN fueron sacados de la sesión virtual, mientras diputados de Morena como Temístocles Villanueva, Martha Ávila y Leticia Varela tenían dos sesiones al mismo tiempo, ¡hasta el presidente de El Salvador apareció en la sesión “por error”! Toda la sesión fue un mar de burlas e indignación por parte de la oposición.

Esta es una joya de muchas que ha hecho Morena con su mayoría en el Congreso Local, quizás lo único bueno que ha dejado la cuarentena creada por el COVID-19 es que la ciudad ha descansado de sus ocurrencias y tonterías de los martes y jueves.

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