Nicolás Maduro es acusado de narcotráfico por Estados Unidos
El Departamento de Justicia estadounidense anunció el jueves que acusa al líder socialista de Venezuela y a varios asesores clave por narcoterrorismo. Ese Departamento los acusó de coludir con narcotraficantes colombianos para llenar EE.UU de cocaína. El departamento calcula que en esa ruta llegarían 200 toneladas métricas de cocaína, esto es 30 millones de dosis. Trump acusó a Maduro y sus colaboradores militares de albergar a narcotraficantes, guerrilleros de Colombia e incluso Hezbolá, un grupo terrorista designado.
Otro hito de acusación en oposición a los funcionarios de gobierno y empresarios es robar cientos de miles de millones de dólares de las arcas estatales, gran parte proveniente del gigante petrolero estatal PDVSA, que es la fuente de prácticamente todos los ingresos de exportación de Venezuela.
El Secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que el Departamento de Estado dispone de $ 55 millones de recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y cuatro de sus colaboradores. Por el Presidente de Venezuela se ofrecen $ 15 millones y por cada uno de sus colaboradores $10 millones. Esto es bajo el programa de recompensas de narcóticos del departamento, quien, desde 1986, ha pagado $130 millones en premios por información de 75 narcotraficantes.
El mensaje de Pompeo al respecto fue: “Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluido el control de los aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de rutas de drogas a través de los puertos en Venezuela”.
Esta acusación es un hecho histórico, pues jamás se había hecho pública la presunta participación de un jefe de Estado en asuntos de narcotráfico, lo que podría aumentar las tensiones entre Washington y Caracas aunado a la crisis económica dependiente del petróleo y un sistema de salud endeble devenida del coronavirus. Políticamente, este impacto al crimen se traduciría en un aumento de popularidad en las cifras de Donald Trump para estas elecciones.
Según Roberta Jacobson, quien se desempeñó como la principal diplomática del Departamento de Estado para América Latina hasta 2018, “este tipo de acción no hace nada para ayudar a una solución negociada, algo que para este punto es realmente difícil.” Considerando que cuando Barr, como alto funcionario del Departamento de Justicia, y Elliott Abrams, como subsecretario de Estado para América Latina, estuvieron en Venezuela impulsaron enérgicamente la destitución de Noriega a finales de la década de 1980.
Estados Unidos está en la lista de más de 60 países que no reconocen a Maduro como jefe de Estado, incluso con poder de facto y reconocen a Guaidó como líder legítimo luego de la reelección empañada por acusaciones de fraude y boicot. Con esto, fue complicado señalar a Maduro, pues los líderes en ejercicio normalmente gozan de inmunidad de enjuiciamiento.
La evidencia precede años antes por investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington que presentaron los cargos de narcotráfico, soborno extranjero y lavado de dinero contra varios acercados al gobierno venezolano.
Barr hizo un llamado a priorizar esta investigación y dirigirla al círculo íntimo de Maduro. Frank Mora, un ex funcionario del Pentágono, dijo que EE.UU tiene razón de condenar a Maduro y sus allegados, no sólo por narcotráfico, sino por represión al pueblo, robo al Estado y convertir a Venezuela en un estado criminal y aclaró “No se trata de un cambio de régimen o de restaurar la democracia en Venezuela. Se trata de política electoral “.
