La era del asedio

Hoy los poderes autónomos han sufrido un asedio desde el poder ejecutivo. Se les ha tratado de limitar o incluso de reconfigurar para que estén alineados a los intereses del gobierno. Al poder ejecutivo no le gusta que le cuestionen, le limiten o le impidan sus acciones. Se sienten atados por la independencia de otros poderes. Y si las cosas no funcionan, pues la culpa de esos otros poderes que les han impedido llevar a cabo su agenda. Les encanta la democracia, si es para llevarlos a la presidencia, pero les estorba esa misma democracia si está compuesta por una pluralidad de poderes.

La multiplicidad de poderes en México se ha desarrollado de forma tal que su creación es de carácter constitucional. Los organismos públicos autónomos deben su creación por dos razones principales: una de carácter político ante lo que se consideraba un estado con contrapesos insuficientes, y otra de carácter técnico para la toma de decisiones sin la injerencia del ejecutivo. 

La intención de elevarlo a rango constitucional fue para que no dependieran directamente del presidente, o para que en la conformación de los mismos, los nombramientos fueran aprobados por mayoría de la Cámara de Diputados y, en consecuencia, las decisiones que se tomaran, fueran libres de influencias políticas. Cuando mencionamos que son constitucionalmente autónomos, significa que, adicional a los poderes legislativo y judicial, encontramos al Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y recientemente la Fiscalía General de la República.

Cabe señalar que los principales impulsores para la creación de estas figuras autónomas son los partidos opositores, con el fin de ponerle contrapesos al presidente de la república en turno. Lo anterior ha llevado a que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados lleguen a acuerdos para poder llevar a cabo los nombramientos. Este comportamiento es normal en toda democracia. De igual forma, es normal que al poder ejecutivo no le guste que le cuestionen sus acciones y trate de influir de una u otra forma sobre los poderes autónomos. Así funcionan las democracias pluralistas donde los distintos poderes se equilibran.

Esta relativa independencia ha sido atacada duramente durante el presente sexenio de distintas formas. Los organismos autónomos han estado bajo un asedio permanente, en una primera etapa; luego ha venido el asalto. La primera víctima directa fue el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creado en 2013, como parte de la reforma educativa con la pretensión de medir y evaluar los planes de educación, así como los conocimientos de los maestros. Dado que las pruebas realizadas demostraron que parte de los maestros de educación básica carecían de los conocimientos necesarios para realizar sus labores docentes, los sindicatos, y principalmente la CNTE, reclamaron su desaparición. El presidente López Obrador hizo suyo el reclamo y de un plumazo, en 2019 Morena votó a favor de su desaparición, y con ello, las evaluaciones a los docentes.

Si bien este ha sido el caso más directo, los otros organismos no han estado exentos de sufrir un asedio. Mencionaremos de manera particular el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE), por el impacto particular que han tenido en la opinión pública.

La CNDH, surgió desde tiempos de la presidencia de Carlos Salinas como respuesta a las acusaciones de abuso a los derechos humanos durante su gobierno. Para 1992 se le otorga autonomía en aras de que tuviera credibilidad e independencia del gobierno. La CNDH ha tenido que enfrentar muchas cosas, principalmente la oposición del gobierno en turno a sus recomendaciones. No obstante lo anterior, había ganado respeto en su lucha en pro de los derechos humanos.

El asedio a la CNDH fue constante. Desde sus conferencias diarias, el presidente acusaba una y otra vez que ante violaciones de derechos humanos en sexenios pasados, la CNDH no había hecho nada. En épocas de la posverdad, lo que importa es imponer desde el poder una narrativa basada en impresiones y emociones, no es datos o hechos. Así, se aplicaba una presión al entonces presidente de la CNDH, quien opta por no presentarse a una reelección y deja el camino abierto para que el presidente López Obrador presentara una terna. 

De forma totalmente parcial, el presidente presenta la terna, pero “sugiere” que quien encabezara una nueva presidencia de la Comisión fuera alguien con experiencia en el activismo, y por esa casualidad ni tan casual de la política, solo una persona cubría ese requisito, Rosario Piedra. Como era de esperarse, fue electa para la CNDH, no sin antes pasar por un proceso altamente cuestionado y desaseado, además de incumplir con los requisitos legales, lo cual a los diputados de Morena les parece algo menor y estorboso. El futuro de la CNDH apunta a seguir la línea marcada por el presidente López Obrador, no a una línea independiente. Así, como en la guerra, después del asedio viene en asalto.

Un asedio similar está sufriendo el INE. Recordemos que el INE es una transformación del primer Instituto Federal Electoral (IFE), que naciera en 1990 como respuesta a las, por decir lo menos, altamente cuestionadas elecciones de 1988. El gran triunfo del momento fue que lo encabezara un consejo general compuesto por ciudadanos, y no por el gobierno y los partidos políticos.

La animadversión del presidente López Obrador contra el IFE/INE viene, por lo menos, desde la elección presidencial de 2006 donde, a la fecha, sigue con el argumento de que le “robaron” la presidencia. Lo mismo señaló cuando en las elecciones de 2012 argumentara que la compra de votos ocasionó su derrota, y como prueba presentó en el zócalo, no en tribunales, lo que consideraba como elemento irrefutable del fraude: animales de granja.

El asedio constante a los consejeros del actual INE ha sido permanente. Les ha cuestionado que no hayan querido emular su política de austeridad y rebajarse los sueldos, les ha criticado que piden mucho dinero para su presupuesto, hasta los ha acusado de actuar como “floreros”. 

Para buena fortuna del presidente, este año se tienen que nombrar cuatro nuevos consejeros para suplir a quienes cumplen sus actuales periodos. 

A diferencia de la CNDH, donde el presidente propone una terna de candidatos, para el INE la Cámara de Diputados elegirá de entre los ciudadanos que se hayan inscrito y cumplan con los requisitos para ser consejeros electorales. El primer paso fue la conformación de un comité técnico evaluador, el cual a su vez elegiría entre los postulantes a 5 personas por cada consejero electoral a sustituir. El comité evaluador lo conformaron mediante el siguiente mecanismo: tres propuestos por los diputados, dos propuestos por el INAI y dos a propuesta de la CNDH. El comité tendría que ser, en teoría, lo más imparcial posible, sin embargo, estando la actual CNDH, no fue posible.

Para empezar, primero proponen de manera oficial el nombre de Carla Humphrey, quien pronto diría, gracias pero no, porque se inscribiría para ser consejera electoral. Es decir, pareciera que ni siquiera le preguntaron. Posteriormente mandarían otro comunicado diciendo que la candidata oficial por parte de la CNDH sería Sara Lovera. Nuevamente, la impericia en el actuar público.

Por si no fuera insuficiente la confusión anterior, hay que agregarle que la otra propuesta de la CNDH es alguien completamente imparcial, John Ackerman. Si uno revisa sus artículos o las opiniones vertidas en su programa de televisión sobre el gobierno de López Obrador, resalta una postura acrítica y más bien justificatoria, por decirlo de forma elegante. Si bien es cierto que los actores políticos tienen sus filias y fobias, se procuraba cuidar las formas. Ahora no ha sido así. Un abierto simpatizante estará en el proceso. 

El mecanismo de asedio a los poderes autónomos es simple: se identifica a quienes cuestionan las decisiones o no se alinean a la política presidencial.  Desde las conferencias matutinas son señalados. Luego, los antiguamente conocidos como intelectuales orgánicos (ironías de la vida, los que criticaban a estas figuras en los gobiernos priístas, se han vuelto lo que decían criticar) publican sus opiniones en la misma línea, al tiempo que en redes sociales, se reproducen las opiniones y críticas desde los usuarios reales o falsos, a la vez que se atacan y se insultan a quienes se consideran como un estorbo a los intereses del gobierno. Luego viene el asalto con el nombramiento de afines al proyecto presidencial dejando la autonomía en el archivo del olvido.

La existencia de poderes autónomos, esa especie de equilibrios pluralistas, le crea rechazo a una buena parte de los gobernantes por considerarlos, incómodos y hasta estorbosos para la implementación de acciones. No es extraño que desde el liderazgo del poder ejecutivo se lancen campañas para desacreditar a quienes consideren sus enemigos, o adversarios como también suelen llamarles, o simplemente a quienes de manera sencilla al realizar su trabajo le dicen no al presidente. 

Los poderes autónomos son la expresión de que la sociedad no quiere, ni debe, delegarle todo el poder político a un solo hombre. La democracia plural previene de los excesos. La democracia plural busca en la diversificación institucional del poder, encontrar los equilibrios y canales de expresión para una sociedad en su conjunto, no solo para el gobierno. La democracia plural vive tiempos difíciles. Vivimos la era del asedio.

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